Padres desobligados no tendrán puestos

Cd. Victoria, Tam. El Instituto Electoral de Tamaulipas aguarda la expedición de la reforma constitucional ´3 de 3 contra la Violencia´ para elaborar mecanismos de vigilancia e impedir el registro de deudores alimentarios como candidatos del proceso electoral 2024; esta autoridad resaltó que durante los dos procesos electivos previos ya se habrían abordado medidas al respecto.

“Al menos en el proceso electoral del 2021 y en el 2022 el Instituto Electoral de Tamaulipas solicitó a los partidos políticos el que las candidaturas postuladas manifestasen en un escrito libre, bajo protesta de decir verdad y de buena fe, que no se encontraban en alguno de los supuestos establecidos para los casos de Violencia de orden Sexual, Violencia Familiar, o en este caso Deudores Alimentarios”, dijo el consejero presidente del Ietam, Juan José Guadalupe Ramos Charre.

Fue el pasado 18 de mayo cuando el Congreso local aprobó, por unanimidad, una reforma al artículo 159 de la Constitución Política de Tamaulipas para negar el registro a los aspirantes de algún cargo de elección popular quienes hayan resultado condenados por delitos en razón de género, sexuales, violencia política contra la mujer o aparecer inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam).

“Estamos esperando que se publique en el Periódico Oficial y entren en vigor dichas modificaciones para analizar qué mecanismos implementaremos partiendo de que existe un Padrón de Deudores Alimentarios en el Estado”,

En ese sentido se llevarán a cabo firmas de convenios tanto con la Secretaría General de Gobierno, con el Registro Civil, y el Poder Judicial del Estado para dar seguimiento a la ley ´3 de 3 contra la Violencia´ el proceso electoral local.

Ramos Charre enfatizó que incluso, mediante esta nueva ley, podrá negarse la constancia de mayoría al candidato o candidata quién habiendo obtenido el mayor número de votos en el proceso electoral resulte responsable por alguno de los delitos señalados en el citado artículo de la Constitución local.

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