Con 30 votos a favor, diputados de Tamaulipas aprueban reformas a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, con el fin de proveer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo a disposición de todos los trabajadores del Gobierno del Estado, tanto para la ejecución de sus funciones como para el descanso periódico durante la jornada laboral.
Esta disposición sólo podrá limitarse cuando la naturaleza del trabajo implique riesgos a la seguridad e integridad de los trabajadores derivados de tomar asiento durante el desarrollo de la función laboral.
Además, “queda prohibido que se obligue a los trabajadores a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral y, en el caso de funciones incompatibles, prohibirles tomar asiento periódicamente durante el desarrollo de sus funciones.
Javier Villarreal Terán, advierte que uno de los derechos de las personas es trabajar en condiciones de seguridad, equidad y libertad bajo un concepto que garantice su dignidad humana; por lo que atendiendo a dicha premisa, corresponde al Estado proporcionar directrices, recursos y materiales necesarios para que se garantice el referido derecho humano al trabajo digno.
Destaca que uno de los derechos que tiene estrecha vinculación con la prestación de los servicios llevada a cabo por los trabajadores en virtud de un nombramiento o contrato celebrado con el Estado, es el referente a la salud, en virtud de que salvaguarda la integridad y el bienestar del prestador del servicio.
El Estado debe perseguir legítimamente, en virtud de que versa sobre un derecho reconocido en el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se prevé que toda persona, goza del derecho a la protección de la salud, lo cual implica lograr un bienestar físico, emocional, mental y social; por lo que se insiste, existe una obligación a cargo del Estado para que garantice dicho fin Constitucional, acotó el legislador local.
Existe una obligación a cargo de este cuerpo legislativo de buscar normas que garanticen el derecho a la salud en favor de los trabajadores del Gobierno del Estado, así como eliminar cualquier acto que atente contra su integridad o afecte por más mínimo que sea la salud del trabajador, concluyó.
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