El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que su administración buscará declarar el estado de emergencia nacional para implementar una estrategia de deportaciones masivas de migrantes en situación irregular. Este anuncio fue respaldado en redes sociales, donde Trump respondió afirmativamente a mensajes que anticipaban el uso de recursos militares en estas acciones.
El plan incluye la posibilidad de movilizar a la Guardia Nacional y, en caso necesario, recurrir a tropas federales. Trump ha señalado que estas medidas buscan controlar lo que considera una crisis migratoria, responsabilizando a la administración saliente de facilitar la entrada irregular al país.
Como parte de su estrategia, el presidente electo ha nombrado a Tom Homan como encargado de coordinar las acciones en la frontera. Homan, quien anteriormente lideró la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), es conocido por respaldar políticas estrictas en materia migratoria.
A su equipo se suman Kristi Noem, quien liderará el Departamento de Seguridad Interior, y Mike Waltz, nuevo asesor de Seguridad Nacional.
Organizaciones de derechos humanos y economistas han expresado inquietud por el impacto de estas medidas.
Mientras los activistas advierten sobre posibles violaciones a los derechos de los migrantes, expertos señalan que una deportación masiva podría afectar gravemente a la economía estadounidense debido a la dependencia en sectores clave de la mano de obra migrante.
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